¿Queremos cambiar?

Tomás Sánchez V.

“¿Cómo pueden hacer este escándalo por un terreno?”, era el comentario que me hacía un amigo extranjero años atrás a propósito del caso Caval. Probablemente, esa baja tolerancia a la corrupción es una de las grandes virtudes que tenemos como país. Sin embargo, solemos ser mejores rasgando vestiduras que fiscalizando.

La discusión sobre corrupción de la última semana trae varios temas entremezclados que vale la pena distinguir para entender sus límites y posibilidades. Primero, la concursabilidad como contrapunto a la asignación discrecional; segundo, la transparencia y fiscalización; y tercero, la rendición de cuentas, que suele brillar por su ausencia.

“Modernizar el Estado es una iniciativa continua y de gran envergadura, pero aumentar la fiscalización, transparencia y rendición de cuentas es principalmente un desafío político, dado que las soluciones técnicas son relativamente sencillas”.

Sin duda, la concursabilidad debe avanzar como principio por defecto; sin embargo, es difícil eliminar la discrecionalidad completamente. No todo servicio es perfectamente concursable, en ocasiones prima la urgencia, y necesitamos reconocer que cierta discrecionalidad es propia del mandato entregado por la ciudadanía. Dado lo anterior, los gastos discrecionales debiesen enfrentar una fiscalización más rigurosa que otros dado que no existió un protocolo precautorio previo, como lo habría sido la licitación.

En segundo lugar, al hablar de transparencia y fiscalización necesitamos cuestionar la voluntad genuina. Las soluciones tecnológicas están a la mano para publicar todo gasto público sobre cierto monto, tal como lo hace el Reino Unido, permitiendo una auditoría abierta. El descubrimiento de médicos que defraudaban al sistema con licencias falsas no fue un ejercicio de física cuántica, sino una simple consulta a una base de datos. Y esto es sólo la primera derivada, hoy de la mano de la inteligencia artificial, podríamos detectar miles de patrones invisibles a los ojos humanos. Conscientes de que el aumento del crimen organizado tiene su correlato en la permeabilidad del Estado, la única forma de auditarlo es apalancados en tecnología.

Además, una fiscalización automática, eficiente y eficaz tiene una gran virtud; evita sobre regular los procesos cuando todas las partes involucradas son conscientes del rigor de la auditoria. Así, el Estado logra ser más ágil y eficiente.

Tercero, la cultura de rendición de cuentas es un pendiente por construir. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo no sólo vive de construir casas, haciéndose cargo de una complejidad mayor, en términos urbanísticos como sociales. Dicho eso, su presupuesto de 4.792 millones de dólares es suficiente para pagar un dividendo mensual de 639 mil pesos a cada una de las 500 mil familias con problemas habitacionales. Entonces, ¿cuáles son los resultados alternativos que consigue el ministerio con esos recursos? No estoy sugiriendo eliminar el Ministerio para reemplazarlo por vouchers, pero sí creo necesario una rendición de cuentas del impacto de la gestión de ese presupuesto, para que la ciudadanía evalúe.

Para terminar, es necesario reconocer que la responsabilidad no es de un solo sector. A muchos les acomodan las redes de clientelismo en el Estado; sabiendo que un registro de beneficiarios finales es necesario para prevenir el crimen organizado, la corrupción, el lavado de activos y combatir la evasión fiscal, sigue siendo un proyecto pendiente.

Modernizar el Estado es una iniciativa continua y de gran envergadura, pero aumentar la fiscalización, transparencia y rendición de cuentas es principalmente un desafío político, dado que las soluciones técnicas son relativamente sencillas. La pregunta entonces es, ¿queremos cambiar, o no?